El conflicto entre Vialidad Provincial y la comuna de Oliveros se ha intensificado en los últimos días. Vialidad Provincial ha presentado un recurso de amparo contra la Comuna para continuar con la construcción del desvío de la Ruta 91 a la altura de Villa La Ribera. Oliveros ha resistido esta medida judicial, argumentando que siempre ha actuado dentro de los límites legales de su autonomía. Sin embargo, la Justicia ha solicitado más información a Vialidad justo antes del inicio de la feria judicial, por lo que no habrá novedades durante las próximas dos semanas.
Vialidad Provincial sostiene que la comuna de Oliveros no tiene autoridad para controlar la obra que se desarrolla en su distrito ni para requerir documentación a la empresa contratista, Vial Agro SA. Por ello, ha solicitado que se anule la clausura que Oliveros impuso sobre la obra, permitiendo así la reanudación de los trabajos.
Por su parte, la Comuna de Oliveros defiende su postura basándose en los artículos 24 y 60 de la ley de Obras Públicas y en el artículo 25 de la ley de Vialidad Provincial. Estos artículos establecen que las obras realizadas para dominio público no quitan a la administración comunal su facultad de policía y control. «La propia Vialidad nos da la razón», afirmaron desde Oliveros.
Sebastián Darrichón, abogado de la comuna de Oliveros, explicó que «la empresa Vial Agro SA. debe cumplir con las normativas nacionales, provinciales y comunales. La ley de Vialidad Provincial establece que las comunas donde se desarrolla la obra no pierden el poder de policía». Darrichón también señaló que Vialidad reconoció que la empresa debe inscribirse y realizar todos los trámites administrativos en Oliveros, según la Orden de Servicio N° 28 emitida por Vialidad el 18 de junio.
La Justicia sanlorencina ha pedido a Vialidad que acredite con documentación que la obra es de dominio público y que la empresa ha regularizado su situación administrativa ante la Comuna.
Finalmente, en las últimas horas, se rumoreó que Vialidad había denunciado penalmente al presidente comunal Martín Calori y al juez de Faltas Federico Martínez, lo cual fue desmentido por Sebastián Darrichón. «No hay denuncia ni notificación de la radicación de denuncia alguna», aseguró.
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