La diputada nacional Marcelo Pagano denunció que Manuel Adorni mantiene la custodia y un vehículo oficial, pese a que ya no es funcionario público.
La presentación -a la que accedió LPO- apunta contra el ex vocero y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Jefatura de Gabinete y de la Policía Federal que hayan autorizado la continuidad de la custodia y de la asignación de un vehículo oficial.
La denuncia, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, sostiene con la salida de Adorni del gobierno «cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública»
«Adorni habría continuado usufructuando, con posterioridad a su renuncia, custodia personal a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales del Estado Nacional para su desplazamiento», sostiene Pagano, que agrega que la prórroga sería «por tiempo indefinido».
«La continuidad del beneficio se sustentaría en presuntas amenazas que el nombrado habría recibido; sin embargo, se ha informado que tales amenazas no fueron formalmente denunciadas ni judicializadas, y que la eventual prórroga de la protección se encontraría aún pendiente de oficializarse en el ámbito del Ministerio de Seguridad», continúa la denuncia.
«La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime», completa.
Las denuncias sobre los abusos de Adorni con la custodia y los vehículos oficiales no son nuevas. Al comienzo del escándalo por el enriquecimiento descontrolado, trascendió que el entonces jefe de gabinete utilizaba autos oficiales para que sus empleadas domésticas vayan de compras o que la custodia acompañaba a su esposa a juntadas con amigas.
La presentación de Pagano -que también es la denunciante en la causa por enriquecimiento ilícito- solicita que se investigue a Adorni por peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
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