La situación judicial de Manuel Adorni se sigue complicando. El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió profundizar la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, para determinar si sus ingresos coinciden con el crecimiento de sus bienes y el nivel de gastos de la familia.
Las nuevas medidas apuntan a reconstruir cómo se movió el dinero en los últimos años. El fiscal pidió información sobre propiedades, obras, contratistas y posibles vínculos laborales que hasta ahora no habían sido aclarados.
Uno de los datos que más llamó la atención apareció en el celular del contratista Matías Tabar. Allí encontraron una factura de $8.183.303,25 de junio de 2025 por un local de colchones y sábanas a nombre de Gisela Kocsis, una mujer señalada en la investigación como una presunta testaferro vinculada al entorno de Adorni.
Ahora, la fiscalía quiere saber quién pagó esa compra, qué medio de pago se usó y a qué domicilio fueron entregados los productos.
La investigación también se concentró en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Pollicita pidió identificar a todos los proveedores, contratistas y empresas que ingresaron al lugar entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para determinar cuánto dinero se destinó a reformas, materiales y amoblamiento.
Otro de los puntos bajo análisis es la situación de Silvia Pais, madre del funcionario. El fiscal solicitó información para confirmar si vive en Fincas de Iraola 2, desde cuándo reside allí y bajo qué modalidad ocupa la propiedad.
Además, pidió documentación sobre posibles vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
Mientras la investigación avanza, la presión política también crece. El Senado debatirá el 2 de julio una posible interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, una fecha que coincidirá con la presentación de su informe de gestión.
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