“La situación es exactamente la misma que hace dos semanas”, describió con crudeza Rodolfo Rodríguez, delegado sindical y trabajador de la planta de Clason, una de las tres instalaciones que Lácteos Verónica tiene en Santa Fe. La actividad está completamente paralizada y los empleados continúan con retención de tareas.
El foco del conflicto está en el pago parcial y en cuotas del salario de abril, del que los 700 trabajadores solo cobraron un 54%, según confirmaron fuentes gremiales.
Advirtió del impacto directo en los pueblos donde operan las plantas (Suardi, Lehmann y Clason). “En Totoras somos 200 familias afectadas. Es un pueblo de 14 mil habitantes. El golpe es social, económico y cultural. No hace falta mucha explicación para entender lo que pasa”, señaló en declaraciones a la emisora LT10.
Una crisis que lleva años
Según explicó Rodríguez, la crisis de Verónica arrastra al menos siete años de retrocesos. Comenzó en 2017 con un proceso preventivo de crisis, en el que la empresa pidió colaboración a los trabajadores. “Accedimos a cobrar el sueldo en cuotas. Durante la pandemia Verónica ganó mucho dinero, procesaba un millón de litros de leche».
Desde mitad de 2023, la situación se agravó: dejaron de pagar aportes sociales, prepagas, cuotas alimentarias, generando una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores. En la actualidad, la producción no supera los 200 mil litros diarios entre todas las plantas.
A esto se suma el conflicto con los tambos remitentes, que reclaman pagos con más de 90 días de atraso, cuando lo habitual era 45. Además, se acumulan cheques rechazados por cerca de $800 millones, según estimaciones privadas.
Un blanqueo millonario y una conducción sin rumbo
Un dato que vuelve al centro de la escena es el blanqueo de activos que la familia Espiñeira realizó en 2017, en el marco del régimen de sinceramiento fiscal.
Según publica Ambito, se estima que regularizaron entre u$s40 y u$s420 millones, incluyendo bienes en el exterior. El proceso también implicó el pago de una multa de $63 millones. Desde el sector aseguran que parte de esos fondos provenía de maniobras de subfacturación en exportaciones de leche en polvo, en especial entre 2010 y 2012.
Rodríguez fue tajante: “La empresa está sin rumbo desde que falleció su fundador. Lo que hay ahora es abandono, desidia, y una conducción que no da la cara”.
Frente al vaciamiento salarial, el gremio Atilra habilitó un crédito de emergencia de $100.000 para que los trabajadores puedan acceder a alimentos en comercios conveniados. También se gestionan prestaciones médicas básicas, ante casos sensibles de salud entre empleados y familiares.
Pero el malestar también apunta al plano institucional. “Somos 700 familias en Santa Fe y nadie vino a ver qué pasa. Solo un concejal de Totoras se acercó. Necesitamos que intervengan, no puede ser que esto termine en una tragedia social”, reclamó Rodríguez.
Por ahora, la retención de tareas se mantiene sin interrupciones, con la producción detenida en las tres plantas santafesinas. Las próximas asambleas definirán cómo seguir, pero el panorama es incierto. Sin respuestas concretas ni aportes de los actores políticos, el conflicto amenaza con extenderse.
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