En una controvertida decisión que ha generado tanto apoyo como críticas, el gobierno de Javier Milei ha decretado la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). A partir del DNU 696/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, las funciones del INADI serán absorbidas por el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona. Esta medida, según el gobierno, responde a la necesidad de «ordenar y equilibrar las cuentas públicas» y eliminar la ineficiencia administrativa del organismo.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, celebró la noticia en redes sociales, afirmando: «Faltaba su muerte administrativa: el INADI deja de existir para siempre». Durante una conferencia de prensa, Adorni detalló las razones detrás de la disolución, mencionando que se descubrieron más de 7,000 expedientes sin resolver y que el 85% del presupuesto del INADI se destinaba a pagar sueldos. «Esperemos no ver este tipo de institutos para hacer política nunca más en la Argentina», concluyó Adorni.
Federico Sturzenegger, responsable de la Ley de Bases que desregula el Estado, también utilizó la red social X para expresar su aprobación, calificando el decreto como el primer paso hacia una gestión pública más eficiente y transparente. Sturzenegger criticó la gestión anterior del INADI, señalando «el dispendio, descontrol e hipocresía en la que los K habían sumido al país».
El decreto argumenta que la lucha contra la discriminación no necesita un organismo descentralizado y que la igualdad de oportunidades y de trato puede ser garantizada más eficazmente bajo la gestión del Ministerio de Justicia. Además, se citan numerosas irregularidades en la administración del INADI, incluyendo la contratación de personal, la gestión de inmuebles y la utilización de recursos.
No obstante, esta decisión ha generado una ola de críticas de diversos sectores que ven en esta medida una amenaza a la protección de los derechos humanos en Argentina. La disolución del INADI, un organismo que durante décadas ha trabajado en la promoción de políticas públicas contra la discriminación, deja un vacío que, según los críticos, difícilmente podrá ser llenado por el Ministerio de Justicia.
En medio de la crisis económica que enfrenta el país, con una recesión que no afloja y una caída del 15.7% en las ventas minoristas anuales en julio, el gobierno de Milei sigue adelante con su agenda de desregulación y recorte de gastos públicos. Las pymes, afectadas por la recesión, han pedido una reducción de impuestos para aliviar su carga económica, mientras el gobierno busca equilibrar las cuentas públicas a través de medidas controvertidas como la disolución del INADI.
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