La reforma previsional en Santa Fe sigue desatando una fuerte polémica, no solo en el ámbito político, sino también en las calles y tribunales. Mientras el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro avanza con medidas para achicar el déficit previsional, las decisiones tomadas durante la accidentada sesión en Diputados han dejado más dudas que certezas sobre la legitimidad de la nueva ley. A esto se suma la represión brutal sufrida por manifestantes que defendían sus derechos en las afueras de la Legislatura, quienes se enfrentaron a un despliegue policial , nunca antes visto , que poco tuvo que ver con una protesta pacífica.
Un amparo que cuestiona la validez de la votación
El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos presentó un amparo judicial que apunta directamente a la legalidad de la sesión que convirtió en ley la reforma jubilatoria el pasado 12 de septiembre. Según el abogado Juan Andrés Pisarello, se violaron normas del reglamento interno, lo que genera una seria inseguridad jurídica para todos aquellos afectados por la ley. Este es solo uno de los múltiples frentes judiciales que enfrenta el gobierno, lo que refleja la fragilidad del procedimiento legislativo.
Pullaro y su represión a los manifestantes
Durante el debate y posterior aprobación de la ley, la tensión no solo se sintió dentro del recinto. Afuera, la represión policial a quienes se manifestaban pacíficamente contra la reforma fue desmedida. Mientras los ciudadanos exigían ser escuchados, el gobierno de Pullaro optó por responder con violencia. ¿Es este el tipo de democracia que defiende el gobernador? La imagen de manifestantes heridos y las denuncias de abuso policial evidencian la desconexión entre la administración provincial y las necesidades reales de la población.
Irregularidades y críticas a la nueva ley jubilatoria
Más allá de la represión, la reforma previsional también enfrenta cuestionamientos por sus irregularidades. Diputados del Partido Justicialista denunciaron que la votación no alcanzó los dos tercios necesarios, tal como lo exige el reglamento, lo que pone en duda la legitimidad de la ley aprobada. La bancada opositora, encabezada por Amalia Granata, ha llevado el caso a los tribunales, pidiendo la inconstitucionalidad de la votación y la necesidad de una nueva deliberación que respete los procedimientos legislativos.
Reacciones y acciones judiciales en curso
La situación no ha pasado desapercibida entre los gremios. Amsafé, que representa a los docentes públicos, ya está preparando acciones judiciales, mientras otros sindicatos como Sitram mantienen un firme plan de lucha. A pesar de los esfuerzos del gobierno provincial por defender la legalidad de la reforma, cada vez son más los sectores que se unen para cuestionar el proceder del oficialismo en este tema tan sensible.
¿Un gobierno que protege a los ciudadanos o a los intereses económicos?
El gobierno de Pullaro insiste en que la reforma jubilatoria es una herramienta esencial para reducir el déficit, pero ¿a qué costo? En lugar de buscar consenso y un verdadero diálogo, ha preferido imponer su visión a fuerza de represión y procedimientos legislativos dudosos. Los trabajadores de Santa Fe, que deberían ser protegidos por el Estado, hoy se ven en la necesidad de recurrir a los tribunales para defender sus derechos, mientras el gobierno provincial prioriza sus intereses económicos.
La reforma previsional de Pullaro ha abierto una profunda grieta en Santa Fe, una que no se resolverá fácilmente mientras el gobierno siga optando por la represión y las decisiones unilaterales. ¿Será este el legado que quiere dejar el gobernador? La justicia y los ciudadanos, que siguen luchando por sus derechos, tendrán la última palabra.
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