El reciente ingreso del proyecto de reforma jubilatoria en la Legislatura de Santa Fe marca un punto crucial en la gestión de los fondos previsionales de la provincia. Este proyecto, compuesto por 53 artículos, se centra en la declaración de una «emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios de la Provincia de Santa Fe» por un período de dos años, con la posibilidad de extensión por dos años adicionales. A continuación, te explicamos en detalle los aspectos más relevantes de esta propuesta y su posible impacto en los trabajadores públicos.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la implementación de «aportes solidarios» tanto para los empleados activos como para los pasivos. Estos aportes se calcularán de manera progresiva, afectando principalmente a aquellos ingresos que superen dos jubilaciones mínimas, es decir, alrededor de $700,000. Este enfoque busca aliviar la carga financiera del sistema previsional, que se encuentra en una situación crítica.
Además, el proyecto establece un recorte del 2,77 % del salario neto durante 36 meses para una serie de altos cargos, incluidos funcionarios, legisladores, autoridades superiores, miembros de la Corte, magistrados, fiscales, defensores, vocales del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el personal de conducción superior de empresas descentralizadas. Este recorte se justifica como una medida de emergencia para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.
Otra medida significativa es el establecimiento de un tope a los haberes jubilatorios máximos. Según el proyecto, las jubilaciones no podrán exceder el monto correspondiente a veinte jubilaciones mínimas, lo que equivale a poco más de siete millones de pesos en valores actuales. Este límite busca frenar el descontrol en las jubilaciones de alto monto, algunas de las cuales alcanzan hasta 32 jubilaciones mínimas, representando una carga financiera insostenible para la provincia. El recorte previsto en estos casos podría llegar a los cuatro millones de pesos, lo que refleja la magnitud de las reformas necesarias para equilibrar el sistema.
Un aspecto que generó intensas discusiones internas fue el posible aumento de la edad jubilatoria. Sin embargo, este cambio finalmente no fue incluido en el texto que ingresó a la Cámara Alta. La edad jubilatoria se mantiene en 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. No obstante, el artículo 49 del proyecto contempla la posibilidad de que, si el Estado Nacional decide aumentar las edades para acceder a los beneficios jubilatorios, el Poder Ejecutivo provincial esté habilitado para ajustar las edades en Santa Fe en concordancia.
Además, el proyecto permite compensar el exceso de edad con la falta de servicios mínimos requeridos, a razón de dos años de excedente por uno de servicios faltantes. Sin embargo, este excedente no podrá utilizarse para incrementar el haber jubilatorio, lo que limita su impacto en las finanzas de los jubilados.
El proyecto también introduce cambios importantes en los regímenes jubilatorios especiales, afectando tanto a docentes como al personal policial. Para los docentes, la edad para acceder a la jubilación se mantiene en 57 años. Sin embargo, para obtener el 76% del haber jubilatorio, deberán trabajar hasta esa edad, con la posibilidad de aumentar progresivamente este porcentaje en un 2% anual hasta alcanzar el 82% a los 60 años.
En cuanto al personal policial, el proyecto elimina la posibilidad de retiro a los 25 años de servicio, estableciendo un nuevo mínimo de 30 años para acceder a haberes jubilatorios. Además, se prevén haberes progresivos hasta el 85% del cómputo para aquellos que alcancen los 35 años de servicio activo. Aquellos miembros de la fuerza policial que no desempeñen funciones de seguridad serán equiparados al régimen de la administración central, lo que podría generar tensiones dentro del sector.
El proyecto de reforma jubilatoria para empleados y funcionarios públicos de Santa Fe representa un intento del gobierno provincial por enfrentar una crisis previsional que amenaza con desbordar las finanzas públicas. Las medidas propuestas, aunque necesarias desde el punto de vista financiero, seguramente enfrentarán resistencia tanto en la Legislatura como entre los sectores afectados.
Comentar sobre esta publicación