La concesión del peaje en el puente Rosario-Victoria sobre la ruta 174 finalizó oficialmente este miércoles, pero el conflicto laboral está lejos de solucionarse, ya que los trabajadores se presentaron esta mañana a primera hora en la estación porque no recibieron telegramas de despido ni otras notificaciones formales de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (Crusa).
Los propios empleados realizaron una especie de vigilia el martes a la noche en sus puestos laborales, donde permanecieron junto a una escribana para certificar que estaban dispuestos a cumplir con sus tareas. Finalmente, a la medianoche Vialidad Nacional tomó posesión de la traza junto a agentes de Gendarmería, que este miércoles custodiaban el acceso a las oficinas y cabinas del peaje.
De igual manera, los trabajadores decidieron acudir a sus puestos de trabajo. “Nos presentamos porque no tuvimos ningún tipo de notificación de cese laboral de parte de la empresa”, explicó Cristian Pallé, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) en diálogo con Cada Día (El Tres).
“Muchos usuarios aplaudieron esta decisión, pero esto va más allá del cobro de un peaje, es el servicio que prestan los compañeros sobre la traza y la garantía de vida que se da”, dijo acerca de las tareas que dejaron de cumplir y que pueden repercutir, por ejemplo, en el mantenimiento de las rutas y, en consecuencia, con la seguridad de quienes circulan.
“Nosotros somos parte de los trabajadores de todo el país a los que hoy les toca de lleno, este gobierno no tiene sensibilidad y nos toma como variable de ajuste”, sostuvo Pallé, quien agregó que la preocupación es por los 500 puestos de trabajo en riesgo y también por los usuarios que transitan la traza.
Como el martes a la noche, este miércoles, el paso por la estación de peaje Isla La Deseada estaba liberado, con las barreras levantadas y sin ningún tipo de cobro.
“Es una ruta particular, lo preocupante son los 13 puentes, las crecidas, los animales sueltos», puntualizó Pallé sobre la ruta 174.
El anuncio de Vialidad
El organismo federal dispuso mediante la resolución 565/2025 “la recepción de los tramos” que operaba la firma Crusa y un nuevo llamado a licitación. Eso, permitirá “continuar con la implementación de la Red Federal de Concesiones – Etapa I mediante la licitación de los Tramos Oriental y Conexión, actualmente Corredor Vial 18”.
La concesionaria sabía desde el año 2014 la fecha de finalización de su contrato. Ese tope fue prorrogado desde 2023, cuando debía finalizar en primera instancia. Mediante un amparo judicial, se dictaminó la continuidad del contrato por seis meses que fueron extendidos otros seis.
Vialidad expresó que tuvo en cuenta “la situación financiera de la empresa y los tiempos que demanda iniciar una nueva concesión” y entonces “optó por otorgar una prórroga de 12 meses durante el 2024”.
El objetivo era que Crusa pudiera “sanear sus cuentas y elaborar los planes de acción necesarios para contar con los fondos que generen el cierre de sus actividades sin perjuicio para sus empleados, acciones que no realizó pese a contar con una adecuación tarifaría del 200% entre 2024-2025”.
En un duro comunicado contra la firma saliente, a la que unos 500 trabajadores de distintas rutas le reclaman el pago de una indemnización, Vialidad Nacional contó labró “actas de incumplimiento de contrato que a la fecha suman $60 mil millones, entre las resueltas y las que se encuentran en proceso”.
Por otro lado, Vialidad señaló que no se hará cargo de los empleados y “los vínculos contractuales que Caminos del Río Uruguay sostiene”. “Cabe recordar que son de exclusiva responsabilidad de la empresa siendo Vialidad Nacional un organismo que lleva adelante un compendio de contratos con terceros, entre los que se encuentran empresas contratistas, prestadores de servicios y empresas concesionarias”, diferenció.
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