El gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatizaciones y ha puesto en la mira a Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa ferroviaria estatal encargada del transporte de carga en gran parte del país. A través de un decreto firmado este sábado, la administración libertaria da inicio al proceso de concesión al sector privado de toda su infraestructura y operación, despertando preocupación en distintos sectores políticos, sindicales y económicos.
¿Por qué la privatización de Belgrano Cargas genera preocupación?
El anuncio no es un hecho aislado, sino parte de un esquema de privatización masiva de empresas estatales que rememora los años 90, cuando la administración de Carlos Menem desmanteló múltiples compañías públicas bajo la promesa de eficiencia y modernización. En aquel entonces, las privatizaciones no solo dejaron miles de despidos, sino que también resultaron en la pérdida de servicios esenciales y el incremento de tarifas para los usuarios.
En este caso, la privatización de Belgrano Cargas genera incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura ferroviaria en Argentina. La empresa, que maneja una red de 7.600 kilómetros y atraviesa 17 provincias, cumple un rol clave en el transporte de granos hacia los puertos, siendo un eslabón estratégico para la economía agroexportadora.
El argumento del gobierno: «Una empresa deficitaria»
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, Belgrano Cargas es «obscenamente deficitaria» y tiene «una planta sobredimensionada de 4.429 empleados». Sin embargo, los datos reflejan que la empresa había logrado, en 2020, superar a las privadas en el transporte de carga con más de 8 millones de toneladas movilizadas. Además, en 2021, se anunciaron inversiones por más de 100 millones de dólares para mejorar los accesos ferroviarios a los puertos de Santa Fe, clave para la exportación.
Lejos de ser un caso de «absoluta ineficiencia», Belgrano Cargas venía recuperándose tras años de abandono, gracias a acuerdos estratégicos con empresas como la china CMEC, que permitió la recuperación de más de 1.500 kilómetros de vías. Este tipo de inversiones, sin embargo, podrían verse truncadas con la privatización, ya que el interés del sector privado no necesariamente prioriza la expansión y modernización de la infraestructura, sino la rentabilidad inmediata.
¿Quién se beneficia con la privatización?
La concesión de Belgrano Cargas se dividirá en siete procesos diferenciados: uno para la administración de vías, dos para las locomotoras, dos para los vagones y dos para los talleres. Aunque el Estado mantendrá la propiedad de las tierras y las vías, el modelo de acceso abierto significa que quien administre la infraestructura tendrá el poder de negociar tarifas y derechos de paso con los operadores ferroviarios. Esto abre la puerta a una concentración de poder en pocas manos y a la posibilidad de que los costos del transporte se disparen, afectando a productores y exportadores.
En los 90, las privatizaciones ferroviarias tuvieron un impacto devastador. Miles de kilómetros de vías quedaron en desuso, cientos de pueblos quedaron aislados y el servicio ferroviario de carga se transformó en un negocio para unas pocas empresas. Hoy, con este nuevo intento de privatización, el fantasma de aquella época vuelve a encender las alarmas.
Un precedente peligroso para el futuro
El caso de Belgrano Cargas podría ser solo el primer paso en una ola de privatizaciones que el gobierno de Milei planea implementar. Si este modelo se replica en otras empresas estatales estratégicas, como Aerolíneas Argentinas, YPF o Aguas Argentinas, el país podría enfrentar nuevamente el desmantelamiento del sector público en favor de intereses privados.
A pesar del relato oficial sobre «achicar el Estado», la historia reciente de Argentina demuestra que estas políticas no garantizan eficiencia ni reducción de costos para los ciudadanos. En cambio, suelen derivar en despidos masivos, pérdida de soberanía sobre sectores estratégicos y un deterioro en la calidad de los servicios.
El avance de la privatización de Belgrano Cargas es una señal de alerta. Si no se detiene a tiempo, Argentina podría revivir un ciclo de entrega del patrimonio nacional al mejor postor, con consecuencias que impactarán a generaciones enteras.
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