El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha generado una ola de críticas y preocupación en diversos sectores. Esta decisión, presentada como un intento de reducir la burocracia y hacer más eficiente el sistema de recaudación, plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la creación de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde el oficialismo, se asegura que ARCA será una entidad «más simple, eficiente y menos costosa». Sin embargo, detrás de este discurso simplificador, emerge una realidad más compleja que podría tener implicancias profundas en la fiscalidad del país y en la equidad tributaria. El recorte de puestos directivos, la eliminación de cargos públicos y la reducción del personal parece más un ajuste drástico que un rediseño estratégico.
Reducción de la estructura, pero ¿a qué costo?
Uno de los puntos más llamativos de la medida es la eliminación de más del 34% de los cargos públicos dentro del nuevo organismo, lo que afecta a unos 3.100 empleados que, según el gobierno, ingresaron de manera irregular. Si bien se destaca el ahorro presupuestario de 6.400 millones de pesos anuales, esta reducción masiva de personal podría debilitar la capacidad del Estado para realizar controles efectivos en áreas clave como la recaudación de impuestos y el comercio exterior.
Asimismo, la decisión de eliminar la «cuenta de jerarquización», por la cual las autoridades superiores de la AFIP cobraban sueldos exorbitantes, podría ser interpretada como un paso hacia la transparencia. Sin embargo, las preguntas sobre cómo este nuevo esquema garantizará una estructura verdaderamente funcional y eficiente no han sido respondidas con claridad.
El fin de la AFIP: ¿Una caja política o un golpe al sistema tributario?
El discurso del vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo hincapié en que la AFIP había funcionado como «una caja política» en el pasado, y que esta nueva agencia pondrá fin a la «voracidad fiscal». Sin embargo, resulta difícil pasar por alto que este tipo de declaraciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei para desmantelar instituciones públicas clave bajo la premisa de la reducción del Estado.
La supresión de un organismo como la AFIP, que históricamente ha sido fundamental para el sistema tributario argentino, genera incertidumbre sobre cómo se gestionarán las futuras políticas fiscales. En un contexto donde la evasión fiscal es un problema crónico, la falta de un ente recaudador robusto podría beneficiar a los sectores más poderosos, perpetuando la inequidad y agravando la situación de las clases trabajadoras y medias, que terminan siendo quienes más contribuyen al sistema impositivo.
Medidas adicionales: Un ataque al periodismo independiente y a la conectividad educativa
Otro aspecto crítico del anuncio gubernamental fue la eliminación de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y publicaciones digitales, lo que afectará gravemente a los medios de comunicación independientes y pequeños. Esta medida parece estar orientada a silenciar voces críticas y centralizar aún más el poder en manos de grandes conglomerados mediáticos, aliados estratégicos del gobierno de Milei.
Al mismo tiempo, la relicitación del contrato de provisión de conectividad para las 16.000 escuelas de todo el país, con un costo anual de 60.000 millones de pesos, plantea dudas sobre la calidad del servicio educativo y el acceso de miles de estudiantes a herramientas tecnológicas fundamentales para su formación.
Telecomunicaciones: ¿Una oportunidad o una nueva concentración de poder?
El anuncio de la apertura del espectro de telecomunicaciones, incluyendo los 100 MHz reservados a ARSAT y los 50 MHz en manos del Enacom, suena a una movida para incentivar la competencia en el sector. No obstante, la historia reciente de Argentina en materia de telecomunicaciones nos recuerda que estas políticas suelen beneficiar a un pequeño grupo de empresas multinacionales, mientras que los consumidores ven pocas mejoras en calidad o en precios.
Además, la falta de control sobre los gigantes de la industria quedó en evidencia con la auditoría del ENACOM que reveló una deuda de más de 3.000 millones de pesos por parte de Telecom y Telefónica. La omisión de estos pagos sugiere un sistema de regulación deficiente, lo que genera más interrogantes sobre la capacidad del gobierno actual para garantizar una competencia justa en el sector.
Conclusión: ¿Un plan para la modernización o un ataque al Estado?
El gobierno de Javier Milei ha vendido la disolución de la AFIP y la creación de ARCA como un paso hacia la modernización y la eficiencia, pero detrás de esta fachada se oculta un desmantelamiento de las herramientas estatales de control y recaudación, que podría beneficiar solo a los sectores más poderosos. Las implicaciones de estas medidas no deben tomarse a la ligera, ya que afectan directamente a la capacidad del país para sostener políticas públicas equitativas y eficientes. Como ciudadano, es fundamental mantenerse informado y exigir claridad y transparencia en cada decisión tomada en nombre de la «modernización».
Comentar sobre esta publicación