El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso “consolida el ajuste” sobre las universidades nacionales. Según el organismo, las casas de altos estudios necesitan 7,3 billones de pesos para garantizar su funcionamiento el próximo año, lejos de los 4,8 billones asignados en la propuesta oficial.
Reclamo por mayor financiamiento universitario
En un comunicado difundido tras la cadena nacional, el CIN rechazó que el Presupuesto 2026 contemple un aumento real para el sistema universitario. “Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades implica anualizar para 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, expresaron.
El organismo también remarcó que el proyecto del Ejecutivo “presenta, entonces, un presupuesto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.
Marcha y expectativa en el Congreso
La marcha universitaria prevista para este miércoles buscará visibilizar el descontento ante el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el Presupuesto 2026 comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto del Congreso en los próximos días, con fecha límite de aprobación el 30 de noviembre.
“El Congreso es ahora el ámbito para sostener la ley de Financiamiento Universitario y para aprobar un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”, sostuvo el CIN.
Cuánto necesitan las universidades para 2026
De acuerdo con los cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional, el monto requerido asciende a 7,32 billones de pesos. Esa cifra actualiza y anualiza las partidas de la ley de Presupuesto 2023 y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios.
El CIN aclaró que los 7,3 billones de pesos constituyen “un piso mínimo” que no considera inflación, actualizaciones salariales ni fondos para ciencia y técnica, obras universitarias o becas estudiantiles. “Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional”, concluyó el organismo.
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