El Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por tres meses la Unidad Regional II de la Poicía –correspondiente al departamento Rosario– a raíz de una causa judicial por presunta malversación en la asignación de combustible para móviles, conocida en las últimas horas. El interventor será el director general Claudio Romano, recientemente reincorporado tras su retiro. Junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el fiscal regional, Matías Merlo, y el fiscal José Luis Caterina brindaron detalles de la investigación, que sacudió al ámbito policial y derivó en la detención de trece agentes –algunos con trayectoria reconocida– y cuatro civiles.
En la conferencia de prensa realizada este lunes por la tarde en la Sede de Gobierno, Caterina indicó que la investigación a su cargo, iniciada por una denuncia anónima, se extendió durante diez meses y fue llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos.
El fiscal habló de una malversación de caudales públicos de “mucha consideración”, estimada en 45 millones de pesos sustraídos al Estado, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje.
Caterina señaló además que hay una estación de servicio seriamente comprometida, y que la mayoría de los policías detenidos son “jerárquicos” de la Unidad Regional II. Aclaró, sin embargo, que no fueron aprehendidos ni el ahora ex jefe de la UR II, Daniel Acosta, ni su segundo, Mariano Govi, si bien fueron separados de sus cargos.
“Quedaron desplazados por efecto mismo de esta intervención”, dijo Cococcioni sobre Acosta y Govi al anunciar la designación de Claudio Romano como interventor, junto con una auditoría general “con énfasis en el área de movilidad y en los controles de carga de combustible”. También informó que los 13 policías arrestados fueron pasados a disponibilidad “en forma preventiva y sin prejuzgar”.
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