El gobierno de Javier Milei ha sido acusado de implementar una serie de medidas que, según denuncian las 62 Organizaciones “Nueva Generación” y la Unión de Profesionales Jerárquicos de la AFIP (UPJAFIP), representan un ataque directo a la transparencia y a la estabilidad económica de la Argentina. Las organizaciones advierten que el plan de ajuste impulsado por Milei implica la reducción de personal, el cierre de delegaciones, y una precarización de las condiciones laborales dentro de la AFIP. Este escenario, aseguran, facilita el contrabando, la evasión fiscal y otros delitos de “guante blanco” que, a la larga, impactan en el bolsillo de todos los argentinos.
“Argentina no será una cueva financiera”: sindicatos y organizaciones en pie de guerra
Las 62 Organizaciones “Nueva Generación” emitieron un comunicado contundente en el que afirman que “no vamos a permitir que Argentina se convierta en una cueva financiera”. Denuncian que las recientes decisiones del gobierno de Milei ponen en riesgo la función fundamental de la AFIP, que es velar por la recaudación y fiscalización de los impuestos. Con una reducción de inspectores, desactivación de sistemas informáticos y despidos de personal con años de experiencia, alertan sobre el riesgo de una “zona liberada” para la evasión fiscal de grandes corporaciones.
El comunicado también lanza duras críticas hacia los beneficios que, afirman, el gobierno otorga a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos comunes. “Es el retorno a los tiempos donde los Macri contrabandeaban autos y autopartes sin pagar por ello”, enfatiza el texto, evocando un pasado de impunidad que parece volver con la administración de Milei.
UPJAFIP advierte sobre la precarización laboral y el riesgo para el sistema tributario
La Unión de Profesionales Jerárquicos de la AFIP (UPJAFIP), liderada por Claudio Kastelic, se ha unido a las denuncias, señalando que la precarización laboral bajo el nuevo esquema denominado ARCA implica una amenaza para la calidad del servicio y la estabilidad laboral de los empleados públicos. Según UPJAFIP, el gobierno planea reducir costos “a expensas de los derechos de los trabajadores”, lo que afectará directamente al sistema de recaudación y control fiscal, debilitando así la base financiera del Estado argentino.
Kastelic hizo un llamado urgente al diálogo, pidiendo que las autoridades revisen el impacto real de estas decisiones y establezcan una mesa de negociación con todas las partes afectadas. «No podemos permitir que bajo el pretexto de ‘eficiencia’ se desmantele un organismo esencial para el país», sostuvo el Secretario General de UPJAFIP.
Según los gremios, el desmantelamiento de la AFIP es una estrategia para facilitar el enriquecimiento de un sector privilegiado mientras se despoja al Estado de sus herramientas de control. Sin la supervisión adecuada, sostienen que la evasión de impuestos por parte de grandes empresas aumentará drásticamente, y que los recursos públicos destinados a salud, educación y jubilaciones se verán severamente reducidos. Este ajuste también afecta a los futuros jubilados, a quienes, según las organizaciones, se les estaría condenando a una pensión insuficiente debido a la caída de los recursos del sistema previsional.
En un contexto de inflación creciente y aumento de los precios en alimentos, combustibles y servicios básicos, el ajuste en la AFIP y la política tributaria de Milei generaría, advierten los gremios, un escenario donde el trabajador argentino paga los impuestos mientras las grandes empresas encuentran vías para evadir sus obligaciones fiscales.
Convocatoria a la resistencia popular
Desde las 62 Organizaciones “Nueva Generación” y la UPJAFIP convocan a trabajadores, monotributistas, jubilados, empresarios nacionales y a toda la sociedad a rechazar estas medidas y a resistir el plan de ajuste. “No podemos permitir que Argentina se transforme en un paraíso de corrupción”, concluyen en su comunicado, invitando a toda la ciudadanía a sumar fuerzas en defensa de la justicia fiscal y la transparencia.
La situación que enfrenta la AFIP y sus trabajadores es un reflejo de la política de ajuste promovida por el gobierno de Milei, que según las organizaciones sindicales, debilita la estructura estatal y abre la puerta a la evasión y el fraude. Las voces en contra se multiplican, y con ellas, la demanda de un sistema tributario justo que no sacrifique los derechos de los trabajadores ni los ingresos públicos esenciales para el desarrollo del país.
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