El descontento dentro de las fuerzas de seguridad federales se ha convertido en un problema crítico para el Gobierno de Javier Milei. Un informe de la Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal alerta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre un malestar extendido entre los efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) debido a los bajos salarios y las condiciones laborales precarias.
Concentraciones de protesta en todo el país
Según el documento filtrado, los gendarmes han comenzado a organizar protestas simultáneas en diversas ciudades del país, con concentraciones previstas para el lunes 10 de febrero a las 9 de la mañana en los siguientes puntos:
- Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires.
- Monumento a la Bandera, en Rosario.
- Plaza San Martín, en Jesús María, Córdoba.
- Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy.
- Plaza San Martín, en Tartagal, Salta.
Los organizadores han solicitado el apoyo de sus familiares, lo que podría aumentar la magnitud de las manifestaciones.
Salarios insuficientes y condiciones insostenibles
Uno de los principales reclamos de los efectivos es la insuficiencia de sus sueldos para afrontar el costo de vida en las ciudades donde han sido desplegados. Un gendarme con 15 años de servicio cobra aproximadamente 800.000 pesos mensuales, pero los alquileres en lugares como Buenos Aires o Rosario oscilan entre 250.000 y 500.000 pesos, lo que deja a los uniformados en una situación de vulnerabilidad económica.
En la página web de los efectivos denominada 1588, los gendarmes denuncian que en todo 2024 recibieron un aumento salarial de apenas el 3%, cifra que está lejos de compensar la inflación y la suba en el costo de vida. Además, el último Boletín Oficial registró un incremento insignificante: un cabo primero pasó de cobrar 778.238 pesos en noviembre a 786.020 en diciembre, lo que representa apenas un 1% de aumento.
Reclamos ante el uso político de la Gendarmería
Otro de los puntos de conflicto radica en el uso intensivo de la Gendarmería en zonas calientes del país, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Aunque la fuerza tiene como función principal el resguardo de las fronteras, el gobierno de Milei ha desplegado a sus efectivos de manera permanente en operativos de seguridad interna y represión de protestas, obligándolos a residir en ciudades con altos costos de vivienda sin ofrecerles una compensación económica acorde.
Los gendarmes también denuncian la falta de planificación en los traslados. Según declaraciones de efectivos en redes sociales y entrevistas televisivas, muchos son enviados a distintas localidades sin previo aviso, sin considerar su situación familiar y sin ofrecer apoyo logístico para su reubicación.
Un conflicto con antecedentes
El malestar dentro de las fuerzas de seguridad no es nuevo. En octubre de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Nilda Garré como ministra de Seguridad, se produjo una rebelión dentro de la Gendarmería y la Prefectura a raíz de una mala liquidación de haberes. En ese momento, el conflicto derivó en un escándalo judicial que destapó una red de jueces que otorgaron miles de cautelares permitiendo que algunos efectivos recibieran aumentos desproporcionados.
Sin embargo, en esta ocasión la situación parece diferente. A pesar de que muchos gendarmes expresan simpatía política con Milei y Bullrich, el eje del reclamo es exclusivamente salarial. Los uniformados insisten en que el problema es que no llegan a fin de mes, un reclamo que comparten con millones de trabajadores en Argentina.
Reacciones del Gobierno
Hasta el momento, Patricia Bullrich ha tratado de contener la situación asegurando que se está trabajando en mejoras salariales, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre posibles aumentos. La preocupación dentro del Gobierno es evidente, ya que la Gendarmería ha sido una pieza clave en la estrategia de seguridad del oficialismo, especialmente para sostener el ajuste económico y reprimir protestas sociales.
El informe de Inteligencia de la Policía Federal advierte que la convocatoria del 10 de febrero ha ganado una tracción inusual en redes sociales y medios de comunicación, lo que podría derivar en una protesta masiva. De concretarse, el conflicto podría escalar y representar un nuevo desafío para la administración de Milei.
¿Qué puede pasar el 10 de febrero?
La gran incógnita es si las manifestaciones finalmente se llevarán a cabo y qué impacto tendrán en la gestión del gobierno. Si bien en ocasiones anteriores hubo intentos de protesta que no prosperaron, la profundidad del descontento actual sugiere que esta vez la situación podría ser distinta.
Bullrich enfrenta una encrucijada: si accede a los reclamos salariales, corre el riesgo de que otras fuerzas exijan lo mismo; pero si ignora el conflicto, podría enfrentar un paro o protestas más radicalizadas dentro de las propias fuerzas de seguridad.
El lunes 10 de febrero será una jornada clave para el futuro del conflicto. Si la protesta se concreta con una gran concurrencia, el gobierno de Milei podría verse obligado a revisar su política salarial para las fuerzas de seguridad y ofrecer soluciones concretas antes de que la crisis se profundice aún más.
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