Con la firma del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, el Gobierno provincial acaba de enviar una nota al directorio de la EPE para que presente un informe sobre las actuaciones realizadas desde el 10 de diciembre de 2023 sobre denuncias por robo o hurto de energía.
Además, remarca que debe ser la Justicia la que investiga y decida sobre estos hechos delictivos, y no la empresa.
«Entiendo necesario rever de inmediato el procedimiento que se lleva a cabo luego de la detección de las infracciones -en especial cuando sean por hurto o robo de energía-, así como el convenio firmado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)», dice la nota.
Si bien públicamente no se conocieron hasta el momento los argumentos que llevaron al Gobierno a realizar este planteo, los motivos del pedido quedan claros en el texto enviado al directorio de la EPE.
«Es esencial evitar una posible discrecionalidad por parte de la empresa en los procesos y, fundamentalmente, tratar al delito como tal, para que el procedimiento no se agote en un trámite meramente administrativo y sea llevado adelante por el sistema judicial, único facultado para juzgar si una acción es penalmente punible», se indica.
Nota enviada desde el Ministerio de Desarrollo productivo al directorio de la EPE.
El ministro reconoce que los procesos de «regularización técnica, administrativa y económica de los infractores» corresponden a la empresa, pero advierte que eso «no desplaza el hecho de que el accionar -del infractor- constituya un posible delito».
En todo caso, insiste, «esto no puede de ninguna manera ser determinado por la empresa, sino que corresponde que sea la Justicia la que dictamine al respecto».
El actual sistema de actuación frente a posibles casos de robo o hurto de energía se basa en un instructivo elaborado por la EPE y que comenzó a regir el 25 de noviembre de 2022.
Robo de energía: situaciones de «discrecionalidad»
Al solicitar un detallado informe sobre el manejo de los casos de hurto y robo de energía, el Gobierno no descarta que pudieran haberse dado situaciones de «discrecionalidad» en las medidas adoptadas por la empresa.
«Requiero un listado exhaustivo de todas las denuncias recibidas por la EPE durante este período -desde el 10 de diciembre del año pasado-, detallando la fecha de recepción de cada una, dónde se reportó la presunta conexión ilegal y toda acción tomada por la empresa… incluyendo investigaciones realizadas, medidas de corrección implementadas, sanciones impuestas (si las hubiere) y, en especial, cuáles fueron denunciadas por la EPE ante el MPA y el estado actual de cada proceso», plantea el ministro Puccini.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reclama detalles sobre las actuaciones de la EPE.
Incluso, pide «que incluyan cualquier auditoría o análisis llevados a cabo por la EPE en relación con estas denuncias, así como cualquier otra información relevante que pueda contribuir a una comprensión completa de las medidas adoptadas».
Para finalizar, un dato que refleja la urgencia del Gobierno para acceder a esta información: «Considero importante que me informen la fecha estimada en la que este documento estará disponible».
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