La provincia de Santa Fe asiste a un espectáculo de cinismo político sin precedentes. Mientras los grandes medios de comunicación —blindados por una generosa y disciplinadora pauta oficial— miraban hacia otro lado, la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario se convertía en el epicentro de un grito desesperado. Un grito que el gobernador Maximiliano Pullaro intentó ignorar hasta que el olor a pólvora y la indignación popular le hicieron imposible sostener el relato de la «provincia modelo».
El detonante que el poder quiso ocultar
Tuvo que morir un hombre. Tuvo que gatillarse el suboficial Oscar Eduardo “Chimi” Valdéz frente a la sede de Infantería para que el Gobierno santafesino registrara que detrás del uniforme hay seres humanos rotos. Valdéz no es una estadística; es el rostro de una fuerza policial que trabaja al límite de la salud mental, con jornadas que destruyen familias y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
Lo verdaderamente escandaloso no fue solo la tragedia, sino el cerco mediático. Resulta inadmisible que un hecho institucional de esta magnitud —familiares y efectivos protestando en la puerta de la Jefatura— no haya ocupado una sola tapa de diario ni un minuto de aire en los canales que suelen repetir el guion de Casa de Gobierno. El silencio en Santa Fe no es ausencia de noticias; es una decisión editorial comprada con fondos públicos.
Un «Plan Integral» con olor a operativo de limpieza
Anoche, acorralado por las movilizaciones que se extendieron desde Rosario y Santa Fe hasta el norte profundo en Vera y Tostado, Pullaro anunció un «paquete de medidas». Ahora, de repente, aparecen los recursos:
- Plus salariales de hasta 500.000 pesos.
- Gratuidad en transporte y alojamiento.
- Cobertura total en salud mental.
¿Hacía falta que un policía de 32 años se quitara la vida para entender que la salud mental era una prioridad? ¿Era necesario el desborde en las calles para que el ministro Pablo Cococcioni y el gobernador notaran que un agente no puede costearse el traslado para ir a cumplir funciones?
Este anuncio no es un acto de justicia; es un operativo de control de daños. Es el intento de un gobernador, repudiado en cada rincón donde no llega la custodia, por «comprar» una paz social que su propia gestión dinamitó. Pullaro busca limpiar su imagen con la misma billetera que usa para silenciar a la prensa, pero la indignación de la tropa y de la gente no se apaga con un depósito bancario.
La gestión del marketing frente a la realidad humana
Mientras el discurso oficial habla de «resultados operativos históricos», la realidad en las comisarías es de abandono. El gobierno de Pullaro se ha caracterizado por una estética de la dureza, por fotos de alto impacto visual, pero por una crueldad sistémica hacia el trabajador que pone el cuerpo.
«El silencio de los medios fue casi total. Y ese silencio comunica complicidad.»
Hoy, el «reconocimiento económico» llega tarde y manchado por el oportunismo. La sociedad santafesina debe reflexionar: ¿En qué manos estamos cuando la única forma de que el Estado escuche es a través de la tragedia y la movilización extrema?
La gestión de Pullaro podrá seguir pautando silencios, pero no podrá evitar el repudio de un pueblo que ya entendió que, detrás del marketing de seguridad, solo hay ajuste, desprecio por la vida y una profunda crisis estructural. La sangre de Valdez y las lágrimas de los familiares que ayer gritaban en la Jefatura no se borran con un comunicado de prensa a última hora.
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