El Gobierno evalúa avanzar con una de las reformas más sensibles de su agenda económica: la posible eliminación del Monotributo. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, propone que todos los monotributistas pasen al régimen de Autónomos o a un sistema alternativo en el que deban tributar IVA y Ganancias como cualquier profesional inscripto.
Según publicó Clarín el 13 de noviembre, Luis Caputo presentó la propuesta en reuniones con cámaras empresarias. Parte del proyecto aparece en un documento confidencial titulado Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional.
El borrador prevé una transición apoyada en un sistema de compensación basado en mayores deducciones personales. Esto obligaría a los nuevos autónomos a pedir facturas para computar gastos y reducir así el impuesto a pagar. En el Gobierno consideran que ese mecanismo contribuiría a “blanquear” la economía, en línea con recomendaciones del Fondo Monetario. Una fuente que participa de las negociaciones lo explicó de manera simple: se eliminaría el régimen actual, todos pasarían a ser autónomos y la compensación llegaría a través de deducciones más amplias, lo que al mismo tiempo generaría más demanda de facturación.
El documento fija además un piso de IVA equivalente a la actual Categoría F del Monotributo, alrededor de tres millones de pesos mensuales. Sin embargo, dentro del propio Estado persisten dudas. Algunas áreas advierten que eliminar el régimen sin una compensación más sólida sería complejo, especialmente porque en los últimos años creció el traspaso de autónomos hacia el Monotributo, considerado más accesible y previsible.
Los datos oficiales registran 2.159.000 monotributistas, aunque fuentes cercanas a ARCA estiman que el universo real ronda los 3,2 millones. Para un sector clave del trabajo independiente, la eliminación del régimen impactaría directamente en los costos, la carga administrativa y la previsibilidad. Todo esto ocurre en un contexto de alta informalidad: el 50,6% de los puestos laborales del país corresponden a empleo informal o por cuenta propia, y pese a los aumentos en las cuotas del Monotributo, el trabajo no registrado continúa en alza.
El debate también expone una tensión política. Javier Milei llegó al poder prometiendo que el ajuste recaería sobre “la casta” y que bajaría impuestos al resto. Pero la posible desaparición del Monotributo —un régimen diseñado para pequeños contribuyentes— expone a millones de personas a un esquema más complejo y potencialmente más costoso. Aunque el Gobierno sostiene que las deducciones compensarían el impacto, el paso al régimen de Autónomos implica mayores obligaciones y una carga administrativa más pesada.
Aun así, en la Casa Rosada insisten en que formalizar la economía y ampliar la base fiscal son condiciones necesarias para sostener la recaudación sin aumentar la presión sobre las empresas. La eliminación del Monotributo representaría un cambio profundo en el trabajo independiente. El Gobierno asegura que busca ordenar el sistema y reducir la informalidad, aunque el contraste entre el discurso de alivio impositivo y la posibilidad de mayores costos para millones de contribuyentes vuelve la discusión especialmente sensible.
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