El ajuste del Gobierno de Javier Milei continúa afectando a los sectores más vulnerables. Este martes, mediante el Decreto 70/2025, la administración nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, dejando en evidencia su decisión de retirar al Estado de la política habitacional y de acceso a la vivienda.
Un nuevo golpe contra la política de vivienda
Según los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la intervención del Estado Nacional. Sin embargo, esta medida representa un duro golpe para las familias de menores recursos, que ahora quedan a merced de un mercado inmobiliario sin regulaciones y de gobiernos provinciales que, en muchos casos, no cuentan con los recursos suficientes para garantizar soluciones habitacionales.
Esta decisión no es aislada. Desde el inicio de su gestión, Milei ha emprendido un desmantelamiento sistemático de los programas de vivienda. La ex Secretaría de Vivienda de la Nación operaba a través de tres fondos fiduciarios que ahora se encuentran disueltos o en proceso de liquidación. Entre ellos, el Programa Procrear, una de las herramientas más importantes para el acceso a la vivienda propia, fue cerrado con el argumento de falta de controles y mal uso de recursos.
La disolución de los fondos fiduciarios y su impacto social
El primer golpe a la política de vivienda lo dio el Gobierno con el Decreto 1018/2024, que ordenó la liquidación del Fondo Fiduciario Público del Procrear. Este programa, que facilitó el acceso a créditos para vivienda propia a miles de familias, fue desmantelado tras una auditoría de la SIGEN que señaló demoras en las entregas y problemas en las condiciones de habitabilidad.
Luego, con el Decreto 6/2025, se eliminó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que financiaba obras para sectores de bajos ingresos. En su justificación, el Gobierno argumentó uso político y clientelar de los fondos, sin reconocer el impacto positivo que este programa tenía en barrios populares y comunidades vulnerables.
Ahora, la administración de Milei avanza en la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que permitía la urbanización de barrios populares, el acceso a servicios básicos y la construcción de viviendas en asentamientos precarios. La desaparición de este fondo profundiza la crisis habitacional y deja a miles de familias sin acceso a una vivienda digna.
Un modelo de exclusión y desregulación
El cierre de estas políticas habitacionales refleja el modelo de país que impulsa Milei, basado en la desregulación total y la ausencia del Estado en sectores clave. Con esta estrategia, la construcción de viviendas queda exclusivamente en manos del mercado, generando mayor desigualdad y exclusión.
Mientras se eliminan programas de vivienda, el Gobierno sigue beneficiando a los grandes grupos económicos con políticas de ajuste sobre los sectores populares. Estas medidas solo acentúan la crisis social y la falta de acceso a derechos básicos, como la vivienda digna.
La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda no es solo una cuestión administrativa, sino un nuevo ataque contra las familias trabajadoras y un avance más en el desmantelamiento del Estado.
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