La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la semana pasada crear una Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado, que comenzará a funcionar este miércoles a las 16. La primera reunión servirá para elegir autoridades, fijar días y horarios de trabajo y, si hay consenso, empezar a delinear la grilla de convocados.
El cuerpo estará integrado por 31 legisladores de distintos bloques, con representación proporcional a la composición de la Cámara. Entre ellos hay al menos dos santafesinos: Eduardo Toniolli y Mónica Fein. La ex intendenta de Rosario aparece con chances de quedarse con la presidencia.
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La resolución aprobada establece que el objetivo de esta comisión es investigar las causas, responsabilidades y consecuencias del brote por fentanilo adulterado que derivó en víctimas fatales y puso en alerta al sistema de salud.
También deberá relevar casos confirmados, probables y sospechosos, discriminados por fechas, jurisdicciones y situación clínica y analizar la cronología de las alertas sanitarias y las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, la Anmat y otras jurisdicciones
Además, también van a evaluar la habilitación y funcionamiento de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados en la causa y estudiar las fallas en la trazabilidad de medicamentos controlados que permitieron la distribución masiva sin detección previa de la contaminación.
Para recabar toda esta información, la comisión podrá convocar a funcionarios, expertos y representantes de organismos públicos y privados, así como recibir denuncias y material probatorio. Todas las reuniones serán públicas, salvo pedido expreso de reserva.
Una vez terminado el proceso de recopilación de información , los legisladores buscarán determinar el grado de responsabilidad de organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y privados involucrados en la producción y comercialización de los opioides sintéticos alterados.
El plazo de funcionamiento será hasta el 9 de diciembre de 2025, cuando deberá presentar un informe final con conclusiones, responsabilidades y propuestas legislativas para mejorar la seguridad en la provisión de insumos médicos y reforzar la respuesta del sistema sanitario.
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