En un contexto político y judicial sumamente delicado, la senadora santafesina Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical (UCR), protagonizó un intenso enfrentamiento verbal con el juez federal Ariel Lijo, candidato a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado, Losada planteó una serie de preguntas que pusieron en el centro del debate una cuestión crítica: la representación de las mujeres en la Corte Suprema.
La preocupación central de Losada giraba en torno a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país, se quede sin representación femenina si Ariel Lijo es finalmente designado para ocupar el puesto vacante dejado por Elena Highton de Nolasco. Este escenario, según la senadora, sería una contradicción insalvable en un país donde el 52% de la población son mujeres, y donde, a pesar de su presencia mayoritaria en la estructura judicial, las mujeres ocupan solo el 29% de los cargos jerárquicos.
Losada subrayó que, aunque las mujeres constituyen el 57% de la planta judicial, estos roles suelen ser de menor poder y responsabilidad, quedando en su mayoría relegados a cargos administrativos o de maestranza. “Usted está justamente propuesto para reemplazar a una mujer”, afirmó Losada, exigiendo una explicación sobre cómo Lijo justificaría su designación en un cargo que debería estar ocupado por una mujer para mantener el equilibrio de género en la Corte.
El juez Ariel Lijo respondió a las inquietudes de Losada destacando que, en su opinión, la Corte Suprema debería incluir a una mujer. Sin embargo, insistió en que la cuestión de género no debe limitarse a un simple enunciado de principios, sino que requiere políticas activas para enfrentar desafíos estructurales como el «techo de cristal» y el «piso pegajoso» que limitan el ascenso de las mujeres en la jerarquía judicial.
Lijo también señaló la importancia de la «interseccionalidad» en la política de género, que contempla no solo la cuestión de género en sí, sino también factores como la raza, la religión y otras desventajas históricas. A pesar de su respuesta, Losada se mostró insatisfecha, insistiendo en que, al aceptar la nominación, Lijo se estaría convirtiendo en cómplice de un sistema que perpetúa la exclusión de las mujeres de los más altos cargos judiciales.
El intercambio culminó con una pregunta crucial de Losada: “¿Es más importante obtener el cargo que el valor de que haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia?”. Esta pregunta, que quedó sin una respuesta clara, resume la tensión inherente en la discusión: la disyuntiva entre avanzar profesionalmente y mantener un compromiso con la igualdad de género. Para Losada, la aceptación del cargo por parte de Lijo significaría una traición a los principios de igualdad que él mismo dice defender.
Este debate no solo refleja las tensiones actuales dentro del sistema judicial argentino, sino que también subraya la necesidad urgente de discutir y, lo más importante, de implementar políticas de género efectivas que aseguren una representación equitativa en todos los niveles del poder. La lucha por la igualdad de género en la Corte Suprema, como lo demuestra este intercambio, está lejos de resolverse y sigue siendo un tema central en la agenda política y judicial del país.
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