La reciente reforma jubilatoria sancionada por la Legislatura de la provincia de Santa Fe ha generado un profundo rechazo en el sector docente. La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), en conjunto con otros gremios como Sadop, han calificado esta ley como un ataque directo a los derechos adquiridos por los docentes, tanto activos como jubilados. Con un tono de alarma, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, lideró la presentación de un recurso de amparo para frenar su implementación, calificando la medida como una «ley de ajuste».
Reforma jubilatoria en Santa Fe: Una amenaza para los derechos de los docentes
La reforma jubilatoria en cuestión afecta de manera significativa el cálculo de los haberes jubilatorios, generando un impacto económico negativo en los docentes que están próximos a retirarse y en aquellos que ya están jubilados. Según Amsafé, el nuevo sistema establece fórmulas que, lejos de garantizar un retiro digno, limitan la posibilidad de acceder al 82% móvil.
Rodrigo Alonso señaló con claridad los puntos más preocupantes de la ley: “Una vez que se fija el haber jubilatorio, te sacan un porcentaje. Está claro que al 82% no vas a llegar», resaltó el dirigente, aludiendo a la imposibilidad de los jubilados de alcanzar un nivel de ingresos que les permita mantener su calidad de vida.
Además, uno de los aspectos más criticados por los gremios docentes es la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para elevar la edad jubilatoria, una medida que consideran arbitraria y perjudicial para los docentes que ya han cumplido largos años de servicio.
Presentación de amparo por Amsafé y Sadop
Frente a lo que consideran un atropello a los derechos de los trabajadores de la educación, Amsafé presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la ley. El gremio privado Sadop también se sumó a las acciones judiciales, reforzando la postura unificada de los sindicatos en defensa de los derechos previsionales de sus afiliados.
Ambos gremios coinciden en que la reforma fue aprobada de manera exprés, sin el debido debate ni consenso con los sectores afectados. «Un Gobierno que tanto habla de diálogo y consensos, aprobó esta ley en un trámite exprés, como si se tratara de una formalidad», denunció Alonso, haciendo referencia a la rapidez con la que la Legislatura aprobó la reforma.
Impacto en los pasivos: Demoras en los pagos y afectación de los aumentos
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es el retraso de 60 días en el cobro de los aumentos salariales para los jubilados, respecto a los docentes en actividad. Esta disposición ha generado gran malestar en el sector pasivo, ya que, en un contexto inflacionario, los jubilados verán retrasada la actualización de sus haberes, lo que profundiza su deterioro económico.
Alonso también mencionó que la ley modifica el régimen opcional docente, un aspecto que Amsafé ha incluido en el amparo judicial, argumentando que afecta la libertad de elección y ajusta los derechos de los trabajadores.
El conflicto gremial y la paritaria docente
En paralelo a la lucha judicial, Amsafé mantiene activa su agenda gremial en defensa de los derechos laborales y salariales de los docentes. En el marco de las paritarias docentes, el gremio exige que el Gobierno provincial cumpla con sus promesas electorales, que incluían la implementación de la cláusula gatillo para ajustar los salarios de acuerdo con la inflación, así como el pago de la deuda salarial correspondiente al año 2023.
Rodrigo Alonso fue claro en sus demandas: «Queremos salarios que igualen a la inflación. No podemos seguir permitiendo que el salario docente pierda poder adquisitivo mes a mes». Esta postura refleja el malestar generalizado en el sector docente, que se siente desprotegido ante un contexto económico desfavorable y una falta de respuestas claras por parte del Gobierno.
Paro docente y adhesión a la marcha universitaria
Además de las medidas judiciales y las negociaciones paritarias, Amsafé ha convocado a un paro docente en adhesión a la marcha universitaria en defensa de la educación pública. La jornada de protesta, que contará con el apoyo de trabajadores de la educación en todo el país, busca presionar al Gobierno nacional para que cumpla con sus compromisos en materia educativa.
Entre las principales demandas se incluyen la entrega del Fondo de Incentivo Docente, mejoras en la infraestructura escolar y la financiación de programas educativos esenciales. “El Gobierno es muy débil frente a los grandes grupos económicos, pero muy fuerte contra los trabajadores”, sentenció Alonso, reflejando el descontento del sector.
La reforma jubilatoria: Una ley de ajuste
Para Amsafé, la reforma jubilatoria no es más que una medida de ajuste fiscal que recorta los derechos de los trabajadores docentes en un momento en el que la inflación y la crisis económica afectan gravemente el poder adquisitivo de los salarios. Esta visión ha sido compartida por otros gremios del país, que ven en esta ley un precedente preocupante para futuras reformas en el sistema previsional.
El rechazo a la ley no solo se centra en los cambios en el cálculo del haber jubilatorio y el retraso en los aumentos para los pasivos, sino también en la forma en que fue aprobada, sin un diálogo profundo con los sectores afectados. Amsafé y Sadop han manifestado que seguirán utilizando todas las herramientas legales y gremiales a su disposición para frenar esta ley y proteger los derechos de los docentes.
Conclusión: Una lucha en defensa de los derechos jubilatorios
La presentación del recurso de amparo por parte de Amsafé y Sadop representa un paso clave en la lucha por frenar la reforma jubilatoria que afecta a miles de docentes en la provincia de Santa Fe. Esta medida, que ha sido calificada como una «ley de ajuste», amenaza con desmejorar las condiciones de vida de los jubilados y retrasar los aumentos salariales en un contexto económico adverso.
El conflicto no solo está en el plano judicial, sino también en las calles, con paros y movilizaciones que buscan visibilizar las demandas de los trabajadores de la educación. La unidad gremial, la presión social y la defensa de los derechos adquiridos serán determinantes en esta lucha por una jubilación digna para los docentes.
En definitiva, el desenlace de este conflicto marcará un precedente importante en la defensa de los derechos laborales y previsionales en Argentina, un tema que sigue siendo prioritario en la agenda de los gremios docentes.
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