Javier Milei volvió a dejar una frase que excede la discusión económica y vuelve a poner en debate su manera de ejercer la Presidencia. Durante el cierre del Consejo de las Américas, realizado este jueves en Buenos Aires, el mandatario defendió su programa de desregulación, cuestionó a empresas protegidas por regulaciones y lanzó una dura advertencia: “Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.
El Presidente apuntó particularmente contra Techint y el sector de los neumáticos. Según su argumento, la apertura de la economía permitiría terminar con mecanismos que, a su entender, encarecen productos para los consumidores y protegen a determinados sectores empresariales.
La discusión de fondo es válida: ¿cuánto debe proteger el Estado a una industria nacional y cuánto debe abrirse la economía a la competencia internacional? El problema aparece cuando ese debate se reduce a insultos, enemigos y consignas.
Milei y una economía explicada a los gritos
Milei volvió a defender la idea de que detrás de muchas regulaciones existen intereses particulares. También respaldó la gestión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y afirmó que se eliminaron unas 17.000 regulaciones.
Pero una cosa es discutir regulaciones innecesarias y otra muy distinta es presentar cualquier crítica como defensa de un negocio corrupto.
Para una persona que todos los días tiene que pagar alquiler, supermercado, combustible, servicios o una cuota, la discusión económica no se resuelve solamente con “abrir” o “cerrar” la economía. La pregunta concreta es qué pasa con el salario, el empleo y el poder de compra cuando esa apertura modifica los precios y obliga a competir a empresas locales con productos importados.
Y ahí es donde el discurso presidencial deja algunos interrogantes.
El dato que no alcanza para contar toda la historia
Milei celebró durante su exposición el comportamiento de la inflación mayorista y anticipó que volverá a realizar un recital. Sin embargo, los datos oficiales disponibles del INDEC muestran que la inflación minorista fue del 2,1% en julio de 2026, mientras que la canasta básica alimentaria aumentó 2,6% durante ese mes.
Es decir: la desaceleración inflacionaria es un dato relevante, pero no significa que los precios hayan dejado de subir.
Para cualquier familia, la diferencia es enorme.
Una inflación más baja no equivale automáticamente a precios bajos. Si el sueldo perdió poder adquisitivo durante años, que los precios aumenten más lentamente puede ser un alivio, pero no necesariamente alcanza para recuperar lo perdido.
“No llegan a fin de mes”: el problema no desaparece porque se lo niegue
Uno de los puntos más cuestionables del discurso presidencial fue su rechazo a las advertencias sobre las dificultades económicas de parte de la población.
Milei calificó de “estupideces” las referencias a que la gente no llega a fin de mes. También relativizó el cierre de empresas y sostuvo que desaparecen firmas pequeñas mientras surgen otras con más empleados.
El problema de esa mirada es que detrás de cada empresa que cierra no hay solamente una estadística.
Hay trabajadores, proveedores, comerciantes, familias y barrios que sienten el impacto.
El propio INDEC informó una tasa de desocupación del 7,8% durante el primer trimestre de 2026. Además, el organismo registró una caída interanual del 3,7% en las ventas de supermercados a precios constantes durante abril.
Esos números no permiten afirmar que la economía argentina esté atravesando un desastre permanente, pero tampoco justifican descalificar las dificultades que una parte de la sociedad está experimentando.
Competencia sí, pero ¿a qué costo?
El Gobierno sostiene que una economía más abierta puede obligar a las empresas argentinas a mejorar precios y productividad. En teoría, el consumidor debería beneficiarse de una mayor competencia.
Pero la apertura también puede generar presión sobre industrias que producen en el país, especialmente cuando enfrentan costos laborales, impositivos, financieros y logísticos diferentes a los de sus competidores internacionales.
Por eso, la discusión seria no debería ser entre “libertad” y “regulación”, sino sobre qué regulaciones sirven, cuáles protegen privilegios y cuáles permiten sostener empleo, producción y competencia.
Si una regulación existe para favorecer a un grupo empresario, debe revisarse.
Si una regulación protege puestos de trabajo, seguridad, ambiente o competencia real, eliminarla sin evaluar sus consecuencias también puede ser un error.
El problema de gobernar desde la confrontación
Milei llegó a la Presidencia prometiendo romper con una forma tradicional de hacer política. Su discurso continúa siendo coherente con esa estrategia: confrontar, señalar responsables y hablarle directamente a quienes considera parte del problema.
El interrogante es si esa confrontación permanente alcanza para construir soluciones duraderas.
Insultar a empresarios, medios, economistas, opositores o sectores sociales puede generar aplausos entre quienes ya están convencidos. Pero gobernar un país requiere algo más difícil: administrar diferencias, explicar decisiones y hacerse cargo de sus consecuencias.
Argentina necesita bajar la inflación, generar empleo, recuperar salarios y volver a crecer. En eso hay poco espacio para discutir.
La discusión importante es cómo se consigue.
Y, sobre todo, quién paga los costos durante el camino.
Porque mientras en los salones empresariales se discute el modelo económico, afuera hay millones de argentinos que no necesitan que nadie les explique si llegan o no a fin de mes: lo saben cuando hacen las cuentas.
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