Más de 20 gendarmes fueron detenidos en Córdoba —en algunos casos con arresto domiciliario— luego de ser acusados de exigir el pago de coimas a camioneros, que cobraban hasta por transferencias para permitirles circular. Un juez federal de Río Cuarto comenzó investigando a 14, pero la cifra se elevó rápidamente a 23 efectivos involucrados. Se indaga una red que habría operado durante varios meses y que generó un escándalo entre fuerzas provinciales y federales.
El foco de la investigación está puesto en el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional 8 (que conecta con la provincia de Santa Fe), donde, según la causa, se exigían pagos que iban de $50.000 a $600.000 para que los camiones pudieran circular sin sanciones.
El caso es investigado desde febrero por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, tras la denuncia de uno de los camioneros que expuso el accionar de los agentes de Gendarmería.
Desde entonces se realizaron 20 allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y otras rutas provinciales. También hubo operativos en Santa Fe, Catamarca y Salta. Inicialmente hubo 14 detenciones, entre ellas la de la jefa de seccional Analía Galian.
Con el avance de la investigación y nuevas denuncias, el número de gendarmes sospechados ascendió a 23.
Según la investigación, los gendarmes detenían a los camioneros alegando distintas irregularidades, principalmente documentales, y luego les exigían dinero para continuar el viaje. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros que actuaban como “testaferros”.
Hasta el momento, el juez informó que 23 efectivos están sospechados de asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad. No se descarta que pueda haber más implicados. De ellos, 13 permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple prisión domiciliaria.
Desde la Fiscalía, y ante el escándalo dentro de las fuerzas, no descartan nuevas imputaciones y cambios en la estructura de Gendarmería. Según la hipótesis de los investigadores, el “circuito de cohecho en los controles” comenzó a funcionar a mediados del año pasado, con una organización interna que manipulaba la recaudación y los turnos de servicio.
Interviene en la causa el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
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