El tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei no contó con el respaldo del gremio de los colectiveros, un factor clave para la visibilidad y contundencia de este tipo de protestas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no interrumpir el servicio de transporte público de pasajeros, argumentando que se encontraba alcanzada por una conciliación obligatoria vigente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Aunque desde el sindicato aclararon que adherían a los reclamos planteados por la Confederación General del Trabajo (CGT), evitaron formalizar su postura a través de un comunicado oficial. La falta de definición pública y el mantenimiento del servicio redujeron el impacto del paro en las calles.
La medida de conciliación obligatoria fue dictada el 29 de marzo, por lo que aún se encontraba vigente al momento de la jornada de huelga. Según el razonamiento de la UTA, esto les impedía convocar a una medida de fuerza sin exponerse a sanciones legales. Sin embargo, otras voces dentro del sindicalismo sostuvieron que la adhesión al paro general no debía quedar condicionada por conflictos sectoriales, ya que la protesta tenía fundamentos más amplios que las paritarias del sector transporte.
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