La crisis de seguridad en Santa Fe sigue en escalada, y esta vez el epicentro es la cárcel de Coronda, donde un recluso fue imputado por realizar extorsiones telefónicas desde su celda. Se trata de Nicolás Emanuel Amarilla, un preso de 26 años que cumple una condena a seis años de prisión efectiva, pero que, a pesar de su reclusión, logró orquestar amenazas e intentos de extorsión contra comerciantes de Rosario y localidades vecinas.
Extorsiones desde la cárcel de Coronda
A través de un teléfono celular que logró introducir de manera ilegal en el penal, Amarilla se comunicaba con comerciantes a quienes les exigía dinero bajo amenazas de represalias. La investigación reveló que su pareja, Yoana Fernández, tuvo un rol clave en la maniobra delictiva, proporcionándole información detallada de las víctimas, incluso filmaciones de los locales comerciales.
Entre los hechos imputados, se destacan intentos de extorsión registrados entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Uno de los casos más resonantes fue el de un quiosquero de un barrio humilde del sur rosarino, quien recibió un llamado en el que Amarilla se presentó como parte de «la mafia» y le exigió una suma de dinero para permitirle trabajar sin problemas.
Otro de los comerciantes afectados, un hombre que alquila autos en barrio Belgrano, recibió amenazas directas junto con un video del frente de su negocio, enviado por WhatsApp, con el claro objetivo de generar miedo y obligarlo a pagar.
La complicidad de su pareja y la operación del «call center carcelario»
Las pruebas recopiladas por la fiscalía incluyen escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos que revelan la logística de las extorsiones. La participación de Yoana Fernández fue determinante para la identificación de los blancos de los aprietes. En varios casos, las amenazas se justificaban con argumentos falsos, como acusaciones de conflictos previos o supuestos despidos de allegados del recluso.
El «call center carcelario» en Santa Fe es un problema crónico. No es la primera vez que desde pabellones penitenciarios se organizan delitos de este tipo, aprovechando la falta de controles efectivos y la corrupción dentro del sistema penitenciario. En Coronda, al igual que en otras unidades del país, los celulares son utilizados por los reclusos para seguir delinquiendo, evidenciando la grave crisis de seguridad y la ineficiencia del Estado en garantizar el control dentro de las cárceles.
Imputaciones y medidas adoptadas por la justicia
Tras la investigación, el fiscal Franco Rébola imputó a Amarilla por «extorsión en grado de tentativa» y «amenazas simples calificadas por ser anónimas». Su pareja también fue detenida por «extorsión en tentativa». La jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva sin plazos para Amarilla, lo que significa que permanecerá privado de su libertad hasta la resolución del caso, más allá de la condena que ya cumple.
Una de las medidas dispuestas es el traslado de Amarilla a la cárcel de Piñero, donde teóricamente los controles son más estrictos y hay inhibidores de señal. Sin embargo, el problema de fondo persiste: la operatividad de las bandas criminales desde el interior de las cárceles sigue siendo una preocupación latente y pone en jaque a la seguridad de los ciudadanos.
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