El Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina y Afines (STVyARA) ha puesto en alerta a la sociedad al denunciar un severo desfinanciamiento en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por parte del Gobierno Nacional. Esta situación crítica, que implica la retención del 42% del presupuesto asignado para 2024, amenaza con paralizar obras públicas esenciales y pone en riesgo la conectividad vial del país.
Un presupuesto retenido que pone en jaque a Vialidad Nacional
Según lo informado por el STVyARA, el presupuesto ampliado para 2024 de Vialidad Nacional asciende a $604.738.465.280. Sin embargo, solo se han transferido $254.540.611.486, mientras que $350.197.853.794 permanecen retenidos. Esta retención, equivalente al 42,09% del presupuesto total, impide que el organismo cumpla con sus funciones básicas, afectando directamente el mantenimiento de las rutas y el desarrollo de nuevas obras. Desde el sindicato señalaron que este recorte presupuestario “evidencia un grave desfinanciamiento que afecta directamente al funcionamiento y desarrollo de la institución”.
Obras paralizadas y un futuro incierto para la red vial
La falta de recursos financieros no solo frena proyectos en ejecución, sino que también compromete el mantenimiento de tramos clave de la red vial. Esto se traduce en un deterioro progresivo de las rutas, generando mayores riesgos para los usuarios y dificultando la conectividad entre regiones. La dirigente gremial Graciela Aleñá advirtió que “esta situación busca el derrumbe de Vialidad Nacional con fines de privatización”, señalando que muchas de las rutas que ahora pretenden concesionarse ya fueron privatizadas anteriormente con resultados desastrosos.
Denuncias por privatización de rutas nacionales
El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales ha intensificado las preocupaciones. Esta medida, presentada bajo el argumento de reducir el gasto público, abarca trece tramos estratégicos que concentran el 80% del tránsito nacional. Entre ellos, se incluye el corredor vial 18, conocido como “Ruta del Mercosur”, que conecta Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.
Según el decreto 28/2025, el nuevo esquema de concesiones eliminará los subsidios estatales, dejando en manos privadas la construcción, mantenimiento y administración de estas rutas. Esta decisión ha generado críticas por parte de sectores gremiales y expertos, quienes cuestionan la sostenibilidad y los beneficios reales para los usuarios.
El impacto en los trabajadores y en la economía regional
El desfinanciamiento y la privatización también tienen un impacto directo en los trabajadores viales y en las economías locales. La falta de inversión en infraestructura afecta la generación de empleo y limita el desarrollo de comunidades dependientes de una red vial funcional. Graciela Aleñá remarcó que “Vialidad Nacional y sus trabajadores cumplen un rol estratégico para la conectividad y el progreso del país”, y aseguró que “se defenderá la institución por encima de cualquier interés político o económico”.
Conclusión: un llamado urgente a la acción
El deterioro de la red vial y las medidas de desfinanciamiento exigen una respuesta inmediata por parte del Gobierno y de la sociedad. La conectividad y la seguridad de los ciudadanos no deben quedar subordinadas a intereses políticos o económicos. Es fundamental garantizar un financiamiento adecuado para la Dirección Nacional de Vialidad, evitando así el colapso de una infraestructura esencial para el desarrollo del país.
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