La gestión de Javier Milei continúa desmantelando derechos esenciales, y los jubilados vuelven a ser los más afectados. El reciente anuncio del PAMI sobre cambios en la entrega de medicamentos gratuitos ha generado un profundo malestar en la sociedad. Ahora, quienes deseen mantener este beneficio deberán cumplir con estrictos requisitos y realizar trámites adicionales, dejando a miles de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.
Restricción en los medicamentos gratuitos: ¿Un golpe directo a los jubilados?
El nuevo esquema limita la gratuidad de los medicamentos a jubilados con ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos (aproximadamente $389.398). Además, deben demostrar que no cuentan con medicina prepaga ni bienes societarios que indiquen capacidad económica plena. Aquellos que no cumplan estas condiciones deberán afrontar el costo total de sus tratamientos o conformarse con un descuento limitado, una carga insostenible para quienes dependen de su jubilación para subsistir.
Una medida que afecta a los más vulnerables
El PAMI asegura que el acceso a los medicamentos será garantizado «para quienes realmente lo necesiten» mediante un subsidio social. Sin embargo, este procedimiento implica una burocracia adicional, con formularios, informes sociales y evaluaciones médicas, obstáculos que muchos jubilados podrían no estar en condiciones de sortear.
Estas medidas, justificadas por el gobierno como parte de un «reordenamiento responsable», dejan al descubierto el impacto de las políticas de ajuste de Milei, que priorizan el recorte de gastos a expensas de los sectores más vulnerables.
Indignación social: un nuevo golpe a los derechos adquiridos
La indignación es palpable. Organizaciones sociales y referentes políticos han señalado que esta medida no solo desmantela un derecho fundamental sino que también refleja la intención de reducir el Estado al mínimo, dejando desprotegidos a quienes más lo necesitan.
Los jubilados, que dedicaron su vida al trabajo y al crecimiento del país, ahora enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán acceder a sus medicamentos. Este ajuste refuerza la percepción de que el gobierno de Milei aplica políticas anti-pueblo, diseñadas para despojar a los ciudadanos de sus derechos básicos.
El recorte de medicamentos gratuitos no es solo una cuestión administrativa; es una declaración de intenciones por parte de un gobierno que prioriza el ajuste por sobre el bienestar de su población. La pregunta que surge ahora es: ¿qué otros derechos serán sacrificados en nombre de la austeridad?
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