Ante el crecimiento de la población penitenciaria de Santa Fe, que suma cinco nuevos presos por día, el gobierno provincial ha tomado medidas para establecer un sistema carcelario con reglas claras y coherentes. Este viernes, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, envió una solicitud formal a la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria para que defina los criterios sobre salidas transitorias y libertades condicionales. El objetivo de esta solicitud es evitar las inconsistencias en las decisiones judiciales, que hasta ahora dependen de cada juez y generan incertidumbre.
Los criterios judiciales en disputa: ¿Libertad condicional para reincidentes?
Uno de los temas que Cococcioni busca aclarar es si los presos reincidentes pueden o no recibir libertad condicional. Actualmente, el Ministerio de Seguridad enfrenta largas y costosas gestiones cada vez que un preso solicita este beneficio, solo para que el proceso se repita si la solicitud es rechazada. “Queremos un criterio uniforme que permita gestionar los recursos de manera efectiva, sin caer en la lotería de encontrar al juez adecuado”, explicó el ministro.
Esta indefinición no solo afecta a las autoridades, sino también a los presos, que desconocen los criterios aplicables y enfrentan un sistema judicial que parece depender del azar. Para un condenado a 30 años, la libertad condicional puede llegar tras cumplir entre 12 y 18 años, dependiendo del juez o camarista, lo cual es motivo de frustración y genera reclamos constantes.
La nueva cámara exclusiva para temas carcelarios
La creación de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, con magistrados seleccionados bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, tiene como fin implementar criterios únicos en el sistema penitenciario de la provincia. Cococcioni aspira a que esta Cámara defina una postura única, de modo que tanto los organismos criminológicos como los servicios sociales y jurídicos puedan evitar la burocracia excesiva que actualmente consume recursos estatales.
Impacto de una “Doctrina Única” en el sistema penitenciario y los recursos públicos
La implementación de criterios uniformes no solo aliviaría el sistema judicial, sino también a los actores involucrados, desde abogados hasta el personal penitenciario. Actualmente, cada solicitud de libertad condicional genera informes y estudios que luego se repiten si la solicitud es rechazada y vuelta a presentar, creando un círculo burocrático que el Ministerio de Seguridad considera ineficiente.
Con la solicitud del pronunciamiento consultivo de la Cámara, el gobierno provincial busca no solo fortalecer la seguridad pública, sino también asegurar un uso racional de los recursos. Además, la unificación de criterios brindaría claridad tanto para los presos como para sus defensores, eliminando la posibilidad de que los beneficios penitenciarios dependan del azar.
Hacia un endurecimiento de las condiciones de detención en Santa Fe
La postura del Ministerio de Seguridad es clara: restringir el acceso a libertades condicionales y salidas transitorias para aquellos detenidos reincidentes o acusados de delitos graves. Sin embargo, incluso si la Cámara decidiera optar por una posición más garantista, el simple hecho de establecer una doctrina única representaría un avance hacia un sistema más ordenado y justo.
Conclusión: La búsqueda de certeza en el sistema judicial de Santa Fe
En última instancia, el gobierno de Santa Fe espera que una “doctrina única” en el ámbito penal proporcione certezas y alivie la presión sobre el sistema carcelario, beneficiando tanto a la administración de justicia como a los internos. Esta decisión busca resolver el problema de los criterios judiciales variables que, hasta ahora, han hecho que el otorgamiento de beneficios penitenciarios se asemeje a un “corso” en el que las decisiones dependen del azar, en lugar de la ley.
Comentar sobre esta publicación