En un nuevo avance en la lucha contra el crimen organizado, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, llevó a cabo un operativo esta semana que resultó en la incautación de tres inmuebles en la localidad de Roldán. La acción fue ordenada por la jueza Eleonora Verón en el marco de una causa que investiga delitos de falsedad y uso de instrumento público, así como la legitimación de activos de origen ilícito.
El decomiso de estos bienes forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial para atacar las bases económicas de las organizaciones criminales que operan en la región. «Hemos decomisado tres lotes que pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a realizar distintos tipos de estafas», explicó Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros del Ministerio. Este funcionario subrayó que este tipo de operativos son fundamentales para debilitar las actividades delictivas en la provincia, siguiendo las directrices del gobernador Máximo Pullaro y del ministro Fabián Bastia.
«Tenemos que ir por los bienes de los delincuentes; controlar la cárcel para controlar la calle; y debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico para que no puedan operar en el territorio provincial», enfatizó Figueroa Escauriza, delineando la estrategia del gobierno para enfrentar el delito.
Los inmuebles decomisados serán puestos a disposición del Estado, y posteriormente serán subastados o reutilizados con fines sociales, asegurando que los recursos que una vez fueron utilizados para actividades ilícitas ahora vuelvan a la comunidad. La acción de la Aprad, que ha sido clave en esta operación, responde a las políticas continuas de la gestión provincial que buscan restablecer la seguridad en la región a través de la incautación de bienes vinculados al crimen organizado.
Este golpe a la economía delictiva no solo debilita a las organizaciones criminales, sino que también representa un paso significativo hacia la recuperación de los bienes públicos para su reintegración en la sociedad, contribuyendo así a un ciclo de justicia restaurativa.
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